Una Fotografía Trágica
Sheinbaum aduce que el pueblo votó para que “los ministros de la Corte
sean electos por el pueblo de México y no por el Senado de la República”.
¡Falso! El pueblo jamás votó por semejante barbaridad política. El 2 de junio,
después de una turbia y espuria elección de Estado, la nación le concedió a
Morena y a sus partidos secuaces, tan solo un 54% de representantes populares
en el Congreso de la Unión, sin embargo, después de maniobras ilícitas, de
chantajes, amenazas y sobornos, Morena se apropió ilegalmente de un 74% de las
curules en ambas cámaras, o sea, un escandaloso fraude a la Constitución y una
flagrante violación de la voluntad electoral de los ciudadanos.
En ningún país del mundo, con excepción de Bolivia, (un desastre
político), el pueblo elige a sus jueces. En México, en junio próximo, la nación
tendría que escoger a 4,000 impartidores de justicia y, en algunos casos, a
través de una tómbola, un golpe temerario en contra de las instituciones
republicanas.
Varios legisladores oficialistas envilecidos, a la voz de
que ''nada puede frenar la elección en el Poder Judicial'', han desacatado varias
suspensiones provisionales o definitivas dictadas por jueces o magistrados,
cuando lo procedente, ante una inconformidad, hubiera sido impugnar en los
tribunales constituidos las determinaciones judiciales. ¿Las resoluciones de nuestros tribunales ya no valen? ¿Qué haríamos los ciudadanos
sin la figura de amparo? Diversas
autoridades responsables no han rendido los informes solicitados por los jueces
ni han atendido los citatorios judiciales. El desacato a dichas resoluciones
conduce a la destitución del funcionario responsable, a la pérdida de su
libertad personal, sí, pero al mismo tiempo, constituye un atentado en contra
de la división de poderes, un
severo golpe a la integración del Estado, a nuestra democracia y a la supervivencia de la República y, sin duda, una clara invitación a un
estallido social de pavorosas consecuencias.
¿Qué ocurre ante la presencia de un escenario de
desacatos masivos o cuando 8 ministros de la Corte votan a favor de analizar la
constitucionalidad de la tal Reforma al Poder Judicial y se descalifica a
nuestro máximo tribunal? ¡Claro
que estaríamos frente a la destrucción del Estado de Derecho. El gobierno podría
reprimir a la oposición, actuar arbitrariamente sin temor a sanciones
judiciales, en tanto los ciudadanos, al desaparecer las garantías individuales, ya no estaríamos protegidos por la ley y viviríamos en el contexto de un régimen
dictatorial, como el prometido por AMLO el día de su toma de posesión en 2018.
La desaparición del Estado de Derecho implica el arribo de niveles elevados
de corrupción e impunidad en todos los niveles de gobierno. Los líderes de la
oposición, periodistas o activistas podrían enfrentar juicios manipulados o ser
encarcelados sin el debido proceso legal, ya que la ley se aplicaría de acuerdo
a los estados de ánimo del gerifalte en turno. Se darían huelgas y protestas
masivas, movilizaciones, confrontaciones con el gobierno, polarización y
violencia, además de enfrentamientos entre facciones políticas de alta
peligrosidad, sin olvidar que, ante la ausencia de seguridad jurídica, las
consecuencias económicas se traducirían en una fuga todavía mayor de capitales
y en consecuencia, en desempleo y pobreza, en sanciones, embargos y aislamiento
internacional que exacerbarían la crisis interna.
Conclusión: el
gobierno morenista intenta por todos los medios, aplicar una Reforma Judicial,
cuya validez constitucional está siendo analizada por los únicos 8 ministros
respetables de la Corte. El Poder Ejecutivo no está dispuesto a someterse a las
decisiones de nuestro máximo tribunal, por lo que podría asestar un golpe de
Estado, o sea, la brutal irrupción de las fuerzas armadas en la sede de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para sacar a la calle, a punta de
bayonetazos, a nuestros ínclitos jueces: he ahí la fotografía trágica que no
quisiéramos ver jamás. Solo mediante el uso de la fuerza, los 8 ministros
desalojados por modernos gorilas, dejarían de cumplir con sus obligaciones
constitucionales. Si el poder judicial es
demolido, nuestra paz pública se vería aun más amenazada ante la ausencia de
garantías, derechos y libertades. Sería la ruina de México.